El Gobierno de Canarias cumplirá "inmediatamente" la sentencia dictada por la titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Las Palmas que ordena la devolución de una niña de cinco años a su madre biológica. La familia a la que se otorgó el acogimiento preadoptivo asegura que cuenta con un resolución del Gobierno canario en la que se les comunica la adopción de esta niña. "No voy a entregar a la niña bajo ningún concepto", dijo ayer la madre preadoptiva, a pesar de que una juez ha ordenado su devolución.

La madre biológica está rehabilitada, gracias a Cáritas, de un trastorno mental y se encuentra totalmente integrada en el sistema laboral como auxiliar de clínica en un geriátrico y con una nómina de 1.000 euros que la jueza entiende "suficiente" para afrontar los gastos y cuidados de su educación.

Un portavoz oficial del Ejecutivo canario confirmó anoche que, al tiempo, se mantiene el recurso de esta sentencia ante la Audiencia de Las Palmas, por entender que "si prevalecen los derechos del menor, donde mejor estará esa criatura es con la familia acogente", aunque la Administración canaria rechaza la actitud de éstos últimos, que ya han anunciado que la menor "jamás saldrá de esta casa" y que han ocultado a la criatura en las más de diez ocasiones en que funcionarios públicos, la última vez acompañados de agentes policiales, se presentaron en el hogar para ejecutar la sentencia y devolverla a su madre.

La familia acogente presentó ayer a este periódico un documento fechado el 23 de febrero de 2005, donde la Dirección General de Protección al Menor y la familia asegura haber "ha aprobado la propuesta formulada por la Comisión de Atención al Menor, seleccionando a doña M. S. P. P. para la adopción de la menor S. V. S. S.". Ésta es la expresión que los acogentes entienden que les da derecho a quedarse con la criatura. Pero, según un portavoz gubernamental consultado anoche, ese documento va acompañado de todo un contrato donde se especifica "detalladamente" que ésta familia sólo ha sido autorizada para un acogimiento preadoptivo "un contrato cuyas cláusulas son muy estrictas y no dan lugar a equívocos" como el que se ha producido.

De hecho, la tutela de la menor la sigue manteniendo el Gobierno de Canarias, quien, insiste la misma fuente, sólo ha cedido la guarda y custodia a la familia acogente. "Por el momento, no tienen ningún derecho sobre ella y su conducta estos días no está siendo la más adecuada" hasta el punto de poner en peligro todo el proceso de adopción que anhelan.

"No voy a entregar a la niña bajo ningún concepto", aseguraba ayer la madre preadoptiva, M. S. P. P., en conversación telefónica desde el municipio tinerfeño de La Orotava. Decía estar "agotada" por el escándalo levantado en las islas. La mujer es consciente de que puede cometer un presunto delito de sustracción de menores. "Somos una familia acosada en nombre de la ley a la que no se le aplica la Justicia", añadía esta mujer, madre de cuatro hijos y de otra niña asiática adoptada. Según su versión, "la auténtica madre de esta niña es quien la cuida, la acaricia, le da amor, la viste y le da cariño" y no su madre biológica, "quien la abandonó" a los siete meses. "Por mucho que me presionen no se la voy a entregar", concluyó.

Pero la sentencia de la jueza de Las Palmas es inequívoca a la hora de señalar las múltiples irregularidades cometidas por el Gobierno de Canarias. El texto reconoce que al nacimiento de la hija, su madre se encontraba "en una situación económica, social y de salud mental precaria, acogida en un centro social y sin medios económicos propios", lo que la llevó a encadenarse durante 26 días a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas para solicitar una vivienda social. Su hija pasaba todo el día con ella, pero la noche descansaba en casa de unos familiares.

La Fiscalía decidió ingresar a la criatura entonces con apenas siete meses en un centro de protección el 14 de mayo de 2002. El 11 de agosto la Dirección General del Menor declara a la niña en desamparo y ese mismo día la madre muestra su desacuerdo con esta decisión, aunque sus abogados de oficio no siguieron el caso, que se archivó, lo que la jueza solicita que se investigue por parte del Colegio de Abogados de Las Palmas.

En junio de 2003, la madre de la niña comienza su tratamiento mental continuado. Y en junio de 2004, los propios responsables del programa acreditan su recuperación. Pero el año pasado el Gobierno canario entregó a la niña a una familia en acogimiento preadoptivo, un hecho del que su madre biológica no tuvo conocimiento hasta un año después, según acredita la sentencia.

La jueza entiende que el Gobierno canario "ha pasado por encima de la práctica totalidad de las normas transcritas violándolas frontalmente" y recuerda que "la Administración puede declarar la situación de desamparo pero le está totalmente prohibido adoptar cualquier medida de acogimiento sobre el menor sin el consentimiento de la madre".

"Esto va a terminar muy mal; no aceptaremos otra cosa distinta de la devolución de esta niña", asegura Fernando Javier Hernández, el abogado defensor de la madre biológica y su portavoz. "Entendemos a la familia de acogida, pero se está incurriendo en desobediencia y sustracción de menores". Ambas familias entienden que han sido víctimas de la Administración canaria. "No le dio a la madre ni una sola oportunidad", defiende el letrado.

JUAN MANUEL PARDELLAS
Santa Cruz de Tenerife
El País, 20/12/2006